Multas de hasta 10.000 Euros para las pymes que no tengan la factura digital
En anteriores circulares le informábamos que, con motivo de la gran crisis económica producida por la pandemia del Covid-19, la Unión Europea ha creado los fondos Next Generation, destinados a la reactivación, corrección, optimización y modernización de las economías de los países miembros que más han sufrido las consecuencias de ésta.
Dentro de la línea de actuación de transformación digital, con un presupuesto asignado de 3.000 millones de euros, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de red.es ha creado un programa destinado a la digitalización de pymes y autónomos denominado Kit Digital, que supone una oportunidad única para las empresas, pues ofrece la posibilidad de recibir los servicios de profesionales cualificados (Agentes Digitalizadores) en herramientas y soluciones que le permitirán modernizar y optimizar los procesos cotidianos de las mismas, con el consiguiente aumento de competitividad y rentabilidad, amén de un mejor posicionamiento e infraestructura digital ante las nuevas tecnologías por llegar. Este acceso a profesionales y sus soluciones no tendrá coste alguno para las empresas.
Dicho esto, el Congreso dio luz verde el pasado jueves a la Ley de creación y crecimiento de empresa con la que se pretende por un lado facilitar la creación de empresas, y por otro lado luchar contra la morosidad comercial e impulsar el crecimiento de las pymes, reduciendo los obstáculos regulatorios y financieros. Ahora bien, con la aprobación de esta medida y desde el momento en que sea publicada en el BOE, las pymes tienen un plazo de 3 años para incorporar la factura digital a sus negocios antes de que puedan recibir multas de hasta 10.000 euros si no cuentan con estos sistemas.
La norma, que incluye medidas para impulsar la creación de empresas , con la posibilidad de crear una Sociedad de Responsabilidad Limitada con 1 euro y facilita su constitución de forma ágil y telemática, también incorpora elementos de rigidez para combatir la morosidad y el fraude fiscal, como es la implantación de estos sistemas digitales.
Apuntan desde el Gobierno acerca de la ley aprobada este jueves que «se extiende la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos. Esta medida, además de reducir los costes de transacción y suponer un avance en la digitalización de la operativa de las empresas, permitirá obtener información fiable, sistemática y ágil de los plazos efectivos de pago, requisito imprescindible para reducir la morosidad comercial».
Por último, el Gobierno establece que las empresa que, estando obligado a ello, no ofrezcan a los usuarios la posibilidad de recibir facturas electrónicas o no permitan el acceso de las personas que han dejado de ser clientes a sus facturas, «serán sancionadas con apercibimiento o una multa de hasta 10.000 euros». El órgano competente para aplicar la sanción será la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
Bajo nuestra más humilde opinión, la factura electrónica va a ayudar en la transparencia y productividad de las compañías, aunque será necesaria una inversión inicial y sobre todo un cambio de cultura para aplicarla. Es importante que, conociendo el largo plazo que tenemos por delante, pongan interés en ir adaptando su sistema administrativo a estas cuestiones, a fin de tener cumplida la normativa incluso con carácter previo.
Sin más dilación, esperamos haberle transmitido la información del modo más ameno y conciso posible, y que la misma le sea de utilidad, si bien le insistimos en la importancia de cumplir con lo indicado, llegado el momento, a fin de evitar las consecuencias correspondientes y quedamos, como siempre, a su entera disposición en la asesoría de empresas y autónomos en Las Palmas Gallego y Asociados para aclararle cualquier duda al respecto.